Contxto – Las cuestiones de seguridad continúan impidiendo que las startups de entrega a domicilio operen completamente en Buenos Aires. Un juez recientemente puso a compañías como Rappi, Glovo y PedidosYa fuera de servicio hasta que implementen las medidas mínimas de seguridad para los repartidores, ya sea que se muevan en bicicleta o en motocicleta.
Sientan el calor
El pasado fin de semana, el juez Roberto Gallardo del Tribunal en lo Contencioso Administrativo y Tributario Número 2 de la Ciudad de Buenos Aires suspendió las operaciones de estas tres empresas de entrega a domicilio.
Desde su perspectiva, la mejora de la seguridad vial es la motivación principal detrás de la Ley 5526. Específicamente, se creó para “prevenir la ocurrencia de accidentes prevenibles, que conducirán a la vida o integridad física de los empleados de distribución.”
No solo eso, Gallardo llegó tan lejos como para pedirle a la policía de la ciudad que detenga los envíos ilegales. Incluso ha pedido a las compañías de tarjetas de crédito como MasterCard, Visa, American Express y Orange Card que bloqueen las transacciones como medidas preventivas.
Legado de preocupaciones
Varios países se han quejado especialmente de las operaciones de Rappi basándose en cómo los conductores supuestamente trabajan en condiciones precarias. Los sindicatos también son otra fuente de gran oposición. Algunos conductores de Rappi en las cercanías de Córdoba incluso han organizado su propio gremio para boicotear a la compañía.
Las quejas comunes de estas partes son la falta de beneficios laborales, seguro de salud u otras disposiciones. Al menos en Argentina, las empresas son responsables de proporcionar estos servicios a los empleados.
Agregándole combustible al fuego está la reciente muerte de Ramiro Cayola, de 20 años. Un camión atropelló al joven repartidor de Rappi que estaba fuera de servicio en la capital argentina mientras montaba su bicicleta. Aunque, según los informes, Cayola no estaba trabajando en ese momento, la preocupación por la seguridad de los ciclistas sigue consumiendo a las autoridades de la ciudad.
Otros eventos recientes involucraron a un conductor de Rappi de 63 años que fue golpeado durante la entrega de una pizza. Se produjo indignación en las redes sociales cuando el cliente preguntó “¿Cómo está el pedido?” a pesar de que el empleado notificó al usuario que tuvo un accidente.
¿Cuáles son las implicaciones?
De aquí en adelante, cualquier empresa que se llame a sí misma una “plataforma” debe satisfacer los nuevos requisitos impuestos hace más de siete meses pero que aún no se han implementado por completo. Según la ley, estos mandatos incluyen el uso del casco, la ropa adecuada para la noche, el almacenamiento adecuado del vehículo, además de presentar prueba de que existe seguro de salud y trabajo.
Según la legislación reciente, las empresas deben proporcionar este equipo a los trabajadores en lugar de exigirles a los empleados que los compren.
“Queda expresamente vedado a las empresas citadas obligar a los empleados a costear las provisiones establecidas,” dijo el dictamen.
Estas startups supuestamente han sabido acerca de estas nuevas expectativas de seguridad durante los últimos siete meses. En base a la cantidad de tiempo que han tenido para alterar las operaciones, las consecuencias serán graves si se violan.
“Vencido el plazo de 60 días corridos previstos, se deberá clausurar y/o inhabilitar de oficio a toda empresa que no se hallare debidamente registrada y cumpliendo todos y cada uno de los términos de la ley 5526” dijo el juez Carlos Balbín.
Según los informes, las entregas ilegales darán como resultado la confiscación de productos y multas de 10,000 pesos argentinos por cada infracción. Las cifras de la policía informan que el 77 por ciento de los trabajadores de entrega usan mochilas en lugar de llevar el pedido de forma segura en sus bicicletas. Otro 67 por ciento no usa cascos, mientras que el 70 por ciento no posee seguro.
Reacciones de la compañía
“La decisión perjudica tanto a repartidores, como comercios locales y consumidores,” dijo Rappi como respuesta.
“Expresamos nuestra preocupación por este dictamen que perjudica tanto a repartidores, como a comercios locales y consumidores, y lamentamos profundamente dicha decisión judicial, que será apelada. Seguiremos velando por los intereses de todas las partes, con el mismo compromiso de siempre.”
Tras esta noticia, las empresas afectadas ya están tratando de hacer las paces con las autoridades. Por ejemplo, Rappi comenzó a distribuir equipos gratuitos a los trabajadores durante el fin de semana, como cascos, chalecos y folletos relacionados con planes de seguro.
“Lo que buscamos es conscientizar sobre seguridad vial a los repartidores,” dijo uno de las personas que distribuían el equipo.
Además, según los informes, el Ministerio de Transporte y Tránsito tiene la intención de apelar el reciente dictamen.
-JA
Traducido por Alejandra Rodríguez
