El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) ha resuelto una disputa legal entre los principales exchanges de criptomonedas Buda.com, CryptoMKT y OrionX y varios bancos chilenos, rechazando la demanda de los operadores cripto. Los exchanges iniciaron acciones legales después de sufrir el cierre de sus cuentas bancarias y negativas para la apertura de nuevas en marzo de 2018, argumentando que esta acción concertada obstaculizaba sus operaciones.

En 2019, Buda.com subrayó el daño más amplio causado al mercado por el cierre de cuentas y la importancia de establecer un precedente contra decisiones unilaterales de entidades poderosas en Chile. Sin embargo, los bancos defendieron sus acciones citando el incumplimiento de los requisitos para la apertura de cuentas y la falta de políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de los exchanges.

El veredicto del TDLC desmanteló todos los argumentos presentados por los exchanges. No encontró evidencia de conducta colectiva o línea de acción equivalente entre los bancos. El tribunal señaló que, antes del cierre de cuentas, cuatro bancos estaban dispuestos a trabajar con al menos uno de los tres exchanges, sugiriendo decisiones comerciales independientes en lugar de un esfuerzo concertado.

El TDLC también consideró que las actividades de comercio de criptomonedas no eran indispensables para las operaciones de los exchanges en el momento de la disputa y no formaban parte del mercado cambiario formal. Justificó la negativa de los bancos a abrir cuentas y los cierres subsiguientes basándose en enfoques basados en riesgos alineados con las regulaciones de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Tras el veredicto, Jaime Bunzli, CEO de Buda.com, expresó la decisión como un retroceso significativo para la industria fintech de Chile y sugirió futuras acciones en la Corte Suprema. Ángel Sierra, director ejecutivo de FinteChile, reconoció la decisión del tribunal, pero señaló una contradicción entre el fallo, la evolución del mercado y la recientemente aprobada Ley Fintech, enfatizando que los proveedores de cuentas deben justificar objetivamente los cierres o la negación del servicio, un paso aparentemente pasado por alto en este caso. A pesar de la derrota, las plataformas están considerando una apelación a la Corte Suprema.