La Ley Fintech de México, promulgada en 2018, estableció un marco normativo pionero para las empresas de tecnología financiera en América Latina y en el mundo. Esta ley se diseñó para regular a las empresas que ya operan en México, centrándose principalmente en dos tipos: Instituciones de Fondos para Pagos Electrónicos (IFPE) e Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC). Según el analista financiero Ernesto Calero, la regulación se dirige a estas instituciones debido a sus actividades de captación de recursos públicos.
Desde el inicio de la ley, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha autorizado aproximadamente a 72 empresas. Sin embargo, más de 30 solicitudes de licencia han sido rechazadas, y es posible que el número real sea mayor debido a abandonos no declarados del proceso de regulación, según ha señalado Sebastián De Lara, director de la industria local.
Los analistas describen la ley fintech mexicana como rigurosa, similar a la normativa bancaria tradicional. La transición de startup a institución financiera regulada es todo un reto, ya que exige el cumplimiento de normas estrictas. Calero y De Lara coinciden en que la CNBV pretende garantizar la seguridad de los usuarios, aconsejando a menudo a las empresas que retiren sus solicitudes de licencia si no cumplen las condiciones necesarias.
Algunos ejemplos de solicitudes rechazadas son Ethos Pay y Aceptado Digital, que se enfrentaron a problemas como descripciones incompletas del modelo financiero, información insuficiente y errores en los estudios de viabilidad financiera. Calero reconoce que estos requisitos complejos y costosos son esenciales para que las autoridades realicen un análisis de riesgos exhaustivo.
A pesar del rigor del regulador, ambos expertos reconocen los esfuerzos de la CNBV para facilitar la aprobación de licencias. Sin embargo, las medidas de austeridad han provocado reducciones de personal, lo que complica la tramitación de un número cada vez mayor de solicitudes. De Lara señala que, si bien los plazos iniciales de tramitación eran de alrededor de año y medio, ahora se han reducido a un año o menos, y algunas solicitudes se tramitan en sólo siete u ocho meses.