Por Andrea Pérez
agosto 25, 2026
Mientras que Meta explora la posibilidad de incorporar reconocimiento facial a los lentes de inteligencia artificial (IA) que fabrica junto a EssilorLuxottica, propietario de marcas como Ray-Ban y Oakley, más de 70 organizaciones defensoras estadounidenses han solicitado al gigante tecnológico dejar a un lado sus planes por posibles peligros para víctimas de acoso, discriminacion y violencia.
Si ocurre, el cambio sería significativo: los modelos actuales ya pueden escuchar, responder preguntas y ofrecer acompañamiento en tiempo real. El siguiente paso sería aún más ambicioso, ya que más allá de interpretar un entorno, este avance permitiría identificar a las personas dentro de él.
Meta ya comercializa sus gafas con IA en mercados internacionales, entre ellos México y Brasil, una señal que América Latina forma parte de su estrategia de expansión.
Si el reconocimiento facial se integra a los lentes de Meta, la pregunta para la región no será solo cuándo llegará esta tecnología, sino si sus marcos regulatorios están preparados para una herramienta que podría normalizar la identificación biométrica en espacios públicos.
El uso de datos biométricos ya forma parte del ámbito legal en gran parte de América Latina, donde la mayoría de países recopilan huellas dactilares y reconocimiento facial o firmas digitales para verificar la identidad de sus ciudadanos.
Este avance refleja una tendencia regional hacia la digitalización de la identidad, en la que la biometría se ha convertido en una herramienta clave para autenticar a las personas tanto en servicios públicos como en plataformas privadas.
Lo verdaderamente nuevo en los planes de Meta no sería la biometría en sí, sino su normalización en la vida diaria: llevarla puesta en el rostro y utilizarla para identificar desconocidos en espacios públicos, comercios, eventos o medios de transporte.
Desde una perspectiva técnica, Michael Puscar, científico de datos, experto en IA, y CTO de la empresa de software de IA especializada estadounidense Neurologic Digital, considera que esta posibilidad ya es plenamente viable.
"En el lado del consumidor, desarrolladores y estudiantes ya han demostrado cómo combinar las gafas inteligentes Meta Ray-Ban con herramientas de IA personalizadas para identificar automáticamente a desconocidos en la calle e instantáneamente mostrar sus perfiles de LinkedIn, información de redes sociales u otros datos públicos."
Aun así, advierte que en América Latina persiste una barrera práctica importante: "La región enfrenta un gran obstáculo, ya que esta tecnología requiere una enorme cantidad de ancho de banda para funcionar en tiempo real," explicó Puscar a Contxto.
La conectividad desigual en zonas rurales y en sectores de varias ciudades podría dificultar una adopción fluida e inmediata. Sin embargo, según Puscar, esto difícilmente frenaría su avance a largo plazo.
Si estos dispositivos comienzan a vincular rostros con perfiles públicos en redes sociales u otras bases de datos digitales, las implicaciones irían mucho más allá de la comodidad tecnológica.
En sociedades latinoamericanas, donde la inseguridad y la delincuencia siguen siendo preocupaciones persistentes, la posibilidad de obtener información personal de desconocidos a partir de una simple identificación facial podría facilitar nuevas formas de fraude, acoso o extorsión.
"Un criminal podría escanear un rostro en una calle concurrida o en el metro e instantáneamente vincularlo con nombres, conexiones familiares, direcciones de casa o publicaciones recientes de Facebook, Instagram o WhatsApp," advierte Puscar.
Según su testimonio, esta capacidad también podría amplificar delitos que ya existen en la región: "Sin intervención, estas gafas podrían potenciar enormemente estafas ya existentes como los secuestros virtuales y convertirían el anonimato cotidiano en un lujo."
El impacto de estas dinámicas, además, podría no distribuirse de manera uniforme. Los usuarios más jóvenes tienden a mantener una presencia digital más activa y con frecuencia comparten una mayor cantidad de información personal en línea, lo que puede llevar a que sus perfiles sean más fácilmente rastreables. A su vez, a nivel global, el género femenino suele verse desproporcionadamente afectado por distintas formas de acoso y violencia digital.
La convergencia de estos dos factores sugiere que tecnologías capaces de identificar a una persona y vincular su rostro con información disponible en internet podrían afectar de manera particular a las mujeres jóvenes en América Latina, facilitando nuevas formas de seguimiento, intimidación y agresión.
Otro punto de preocupación está relacionado con el marco de conflictividad social en la región. Hasta ahora, buena parte del debate sobre reconocimiento facial se ha concentrado en sistemas estatales de videovigilancia, pero unos lentes inteligentes trasladarían parte de esa capacidad a manos privadas.
Ya no sería necesario un centro de monitoreo ni una red fija de cámaras; bastaría con individuos portando dispositivos personales capaces de identificar activistas, periodistas, líderes comunitarios o participantes de protestas en segundos.
Puscar explica que incluso los mecanismos visibles de advertencia podrían no ser suficientes frente a actores maliciosos.
"Estas gafas tienen indicadores luminosos que se encienden cuando están escaneando o grabando. Sin embargo, los criminales más audaces ya han aprendido a hackear el hardware para desactivarlos o simplemente taparlos."
Agravando los cuestionamientos, los lentes también podrían ser utilizados de forma maliciosa por gobiernos y fuerzas de seguridad.
El periodista Tim Hinchliffe, quien cubre vigilancia gubernamental tecnológica, escribió que tecnologías avanzadas con reconocimiento facial y drones podrían ser utilizados para crear "un sistema vasto e interoperabilidad relacionado con identidad digital de los usuarios, que incorpora todo – transacciones en línea, publicaciones en redes sociales, huellas de carbono, historiales médicos, interacciones con el Estado, y demás."
Dicha información podría ser utilizada en sistemas sociales de crédito autoritarios para identificar disidentes o indeseables. Y, en una región caracterizada por polarización política, esta posibilidad podría generar nuevos temores sobre seguimiento informal, represalias, o intimidación, especialmente a grupos y comunidades vulnerables.
Al observar la realidad regulatoria de la región, se entiende cómo estos riesgos podrían aumentar en geografías particulares.
En varios países latinoamericanos, las leyes de privacidad se centran en principios generales como el consentimiento, la finalidad y la seguridad de los datos personales, aunque muchos aún carecen de normas directamente relacionadas con el uso de la IA e identificación automatizada.
En Chile, por ejemplo, la protección de datos se ha basado históricamente en disposiciones constitucionales y en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, previsiones legales que no regulan explícitamente el uso de reconocimiento facial en sistemas de vigilancia. Situaciones similares se observan en contextos como el paraguayo, donde el marco legal ha sido enfocado principalmente en la protección de datos crediticios y comerciales, mientras que las normas sobre el manejo de la información biométrica siguen siendo incipientes.
Incluso en países con legislaciones más desarrolladas, como Perú, México o Argentina, la aplicación efectiva suele depender de autoridades con recursos limitados, plantillas reducidas o competencias amplias que dificultan supervisar tecnologías emergentes.
En otras partes de la región, el panorama regulatorio es aún más limitado. Países como Guatemala, Bolivia, Honduras, Ecuador y Panamá todavía no cuentan con una legislación integral de protección de datos personales, por lo que gran parte de la regulación de la privacidad depende de normas sectoriales dispersas.
Frente a tecnologías de biometría emergentes, Puscar se muestra escéptico ante regulaciones demasiado amplias, y sostiene que la prioridad debería centrarse en sancionar el uso criminal de estas herramientas.
"La forma más sensata de abordar el tema es trasladar la responsabilidad a los fabricantes y crear leyes estrictas y punitivas que castiguen a quienes usen la IA para actividades delictivas".
A su juicio, incluso en contextos donde existan restricciones formales, los actores criminales podrían acceder al hardware a través de mercados negros o fronteras porosas, lo que sugiere que el debate en América Latina no debería centrarse únicamente en si prohibir o permitir estas tecnologías, sino en establecer reglas concretas para limitar sus daños.
Exigir transparencia a los fabricantes, establecer normas claras para el uso de datos biométricos, sancionar abusos y fortalecer la capacidad institucional podría no eliminar todos los riesgos, pero sí definir quién asume la responsabilidad cuando ocurran.
En ese sentido, la regulación quizá no detenga por completo a los actores ilícitos, pero sí puede marcar la diferencia entre una adopción sin controles y una tecnología sometida a responsabilidades bien definidas.
