Esta legislación pretende rectificar la clasificación errónea de los trabajadores “autónomos”, garantizando que reciban las prestaciones laborales que les corresponden. La propuesta transaccional de la Presidencia belga desempeñó un papel crucial para salvar las diferencias, reflejando importantes concesiones para abordar las preocupaciones planteadas por 14 Estados miembros.
Esta ley, calificada de “texto de última oportunidad” por el ministro belga David Clarinval, pone de relieve un esfuerzo colectivo para dar prioridad a los intereses de los trabajadores en la economía de las plataformas digitales.
La directiva recién aprobada, sujeta a trámites formales de adopción, concede a los Estados miembros un plazo de dos años para integrar estos cambios en las legislaciones nacionales. Una característica clave incluye una presunción legal de empleo, activada por pruebas de control y dirección, que permite a los trabajadores o a sus representantes impugnar su clasificación.
Este planteamiento traslada la carga de la prueba a las plataformas, obligándolas a justificar la condición de no empleados de sus trabajadores.
Además, el reglamento exige transparencia sobre el uso de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones que afectan a la contratación, las condiciones de trabajo y la remuneración.
Restringe el tratamiento de determinados datos personales por dichos sistemas, garantizando la supervisión y revisión humanas de las decisiones automatizadas, reforzando así los derechos de los trabajadores en el floreciente mercado laboral digital.
