La empresa X de Elon Musk, antes conocida como Twitter, sufrió un revés legal al fallar un juez federal en contra de su intento de detener la aplicación de una nueva ley de California, AB 587, que regula la moderación de contenidos en línea. Esta ley, en vigor a pesar de la oposición de X, obliga a las empresas de medios sociales con más de 100 millones de dólares de ingresos anuales a revelar públicamente sus condiciones de servicio, en particular cómo se modera el contenido en sus plataformas.
Además, exige a estas empresas que presenten informes semestrales al fiscal general del estado en los que se detallen las estadísticas sobre las medidas adoptadas para moderar contenidos relacionados con la incitación al odio, el extremismo, la desinformación, el acoso y la injerencia política extranjera.
La demanda de X contra el estado de California argumentaba que la ley AB 587 vulnera la libertad de expresión de la empresa, alegando que obliga a las plataformas de medios sociales a participar en discursos contra su voluntad y a adoptar posturas públicas sobre cuestiones con carga política. Sin embargo, el juez de distrito William Shubb desestimó estas alegaciones, declarando que los requisitos de información de la ley, aunque potencialmente gravosos, no infringen injustificadamente los derechos de la Primera Enmienda. Destacó que los informes exigidos son factuales, implican datos objetivos sobre las acciones de la empresa y no son controvertidos en sí mismos.
Desde la adquisición de Musk por 44.000 millones de dólares y su posterior cambio de marca a X, se ha posicionado como un “absolutista de la libertad de expresión”, desafiando los enfoques tradicionales de moderación de contenidos y restableciendo cuentas previamente prohibidas. Esta postura ha suscitado polémica, sobre todo porque ha provocado un notable repunte del antisemitismo y la desinformación en la plataforma, lo que ha llevado a varios anunciantes a retirar sus contenidos.
A pesar de estos retos y controversias, la nueva normativa de California constituye un paso importante para responsabilizar a las plataformas de medios sociales de sus prácticas de moderación de contenidos, exigiendo transparencia en un panorama a menudo criticado por su opacidad y arbitrariedad en la gestión de la expresión en línea.
